Echeverría en el banquillo

Pecaría de inocente quien se sintiera revindicado por la decisión judicial de dictar arraigo domiciliario contra el ex presidente Luis Echeverría por su responsabilidad en el genocidio de Tlaltelolco. Sin caer en el radicalismo de doña Rosario Ybarra, que denunció la medida como maniobra electorera en contra de López Obrador (en un razonamiento que francamente no entendemos, aseguró que se trataba de una “estrategia para comparar el caso del ex presidente con el de Andrés Manuel López Obrador, y favorecer así el voto del miedo”), tampoco podremos afirmar que se haya servido a la justicia mientras no se aclaren, para plena satisfacción del pueblo, todas las responsabilidades de los participantes en esa tragedia.

Después de 37 años, es natural que habrá casos que queden sin responsabilidad: el de aquellas personas cuya muerte de alguna manera las liberó de la acción de la justicia. Pero no por ello su participación ha de quedar en la obscuridad. Pienso en especial en el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, a quienes algunos tratan ahora de exonerar de toda culpa, recurriendo a la increíble explicación de que Echeverría actuaba por su cuenta, muchas veces sin informar a su superior.

El caso está todavía demasiado incipiente para poder emitir una opinión, pero sí es posible expresar por lo menos el gusto de que se hayan vencido resistencias y superado prejuicios para emitir esta orden de arresto, aun domiciliario. De culminar este proceso satisfactoriamente, es decir, si se deslindan responsabilidades, como se pedía ya en el famoso pliego petitorio del movimiento estudiantil, se sentaría un precedente de responsabilidad de los funcionarios, por muy altos que fueran. Esperemos que tenga valor ejemplar y que todos se den por aludidos.